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martes, 1 de diciembre de 2009

EL PRINCIPIO DE SUBSIDARIEDAD





Por: Pbro. Dr. Pedro Gijs.

El principio de subsidariedad nace en la Doctrina Social de la Iglesia con la Encíclica Quadragésimo anno de 1931 del Papa Pío XI. Este principio está fundado sobre una visión personalista que enfoca que la primera responsabilidad descansa sobre la persona humana, sola o en grupo reunida. Significa, formulado de una manera negativa, que donde el hombre o los grupos son capaces de asumir su tarea, nadie se la puede quitar. Al contrario, las instancias superiores les deben facilitar el apoyo y la ayuda. Las organizaciones o sociedades debe respetar la actividad relativamente autónoma de los grupos intermedios. Este principio evita que se quite la autonomía a las personas y los grupos intermedios y sean absorbidos por el Estado bajo el pretexto de cuidarlos en nombre de la igualdad. El principio de subsidariedad es una medida contra la prepotencia y el intervencionismo estatal desmedido. El equilibrio social no es posible sin el respeto de este principio que se funda sobre el derecho humano de dignidad, libertad e iniciativa.


Al estado le compete, según lo que escribe el Papa Juan XXIII en su Encíclica Mater et magistra, la tarea de fomentar, estimular ordenar, suplir y completar. El estado debe completar la actividad de los grupos intermedios y no la de asumir directamente funciones económicas, sociales y culturales que corresponden a otros. La intervención del estado debe ser subsidiaria y complementaria. El estado sí tiene la responsabilidad de favorecer, estimular, orientar y coordinar las iniciativas y actividades privadas hacia un bien común superior.


Aplicando este principio al dominio de la economía el mismo Papa, ahora Beato, formula en su mencionada encíclica n° 55: “ Manténgase siempre a salvo el principio de que la intervención de las autoridades públicas en el campo económico, por dilatada y profundo que sea, no sólo no debe coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expresión de esa libre iniciativa, salvaguardando, sin embargo, incólumes los derechos esenciales de la persona humana. Entre estos hay que incluir hay que incluir el derecho y la obligación que a cada persona corresponde de ser normalmente el primer responsable de su propia manutención y de la de su familia, lo cual implica que los sistemas económicos permitan y faciliten a cada ciudadano el libre y provechosos ejercicio de las actividades de producción”.


Los grupos intermedios a su vez deben asegurar su independencia ante las autoridades políticas. En este sentido escriben los Obispos Venezolanos ante el proceso electora en 1.972: “A los que se sienten llamados a servir en la actividad política les recordamos...”, y citan la Constitución Pastoral Gaudium et spes, n° 75e: (...)que demostrarán también con los hechos como pueden armonizarse la autoridad y la libertad, la iniciativa personal y la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la provechosa libertad”.


El estado no agota la sociabilidad humana. La sociedad o la comunidad civil es anterior al estado o la comunidad política. Este axioma pone en claro que el Estado debe servir al bien de la persona y de la sociedad. Por eso, el estado actúa según el principio de subsidariedad. El Estado no absorbe la sociedad, ya que su fin es servir a ella y no anularla. También los grupos intermedios: la familia, los grupos económicos, sociales, políticos, sindicales, culturales y religiosos tienen su propia autonomía dentro del ámbito del bien común y contribuyen para el desarrollo de la sociedad. Así las personas se transforman en protagonistas de la acción social y crece la subjetividad de la sociedad.


Otro principio que conjuntamente con el principio de subsidariedad rigen la relación entre el Estado y las comunidades menores, familias y las personas, es el principio de solidaridad. En virtud de éste, el hombre debe contribuir con sus semejantes al bien común de la sociedad, en todos los niveles. Con ello la Doctrina Social de la Iglesia se opone a todas las formas de individualismo social o político.

Hay un campo sumamente amplio de trabajo y compromiso para políticos católicos conocedores de la Doctrina social de la Iglesia.

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